La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Chiapas, encabezada por Ana Laura Romero Basurto, informa a la ciudadanía, a las dependencias gubernamentales y a las personas servidoras públicas que ha detectado la circulación y utilización de constancias de no inhabilitación presuntamente apócrifas, elaboradas y expedidas por personas o establecimientos que carecen de facultades legales para emitir este documento oficial.
Ante esta situación, la dependencia exhorta de manera enérgica a la población a no dejarse sorprender y a evitar acudir a cibercafés, papelerías o cualquier establecimiento particular que ofrezca la expedición de este tipo de constancias, ya que dichos documentos no tienen validez legal y su utilización puede generar responsabilidades administrativas y penales.
La Secretaría precisa que, conforme a la normatividad aplicable, las únicas vías autorizadas para obtener una Constancia de No Inhabilitación son:
-La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Chiapas.
-Los kioscos electrónicos de la Secretaría de Finanzas del Estado.
Cualquier documento emitido fuera de estos canales oficiales debe considerarse irregular y será objeto de las investigaciones correspondientes.
Derivado de los hallazgos detectados, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se encuentra integrando el expediente con los elementos técnicos y jurídicos necesarios, a fin de determinar las responsabilidades que correspondan y presentar las denuncias conducentes en coordinación con la Fiscalía competente, para investigar y sancionar a quienes resulten responsables de la presunta elaboración, comercialización o utilización de documentos apócrifos.
La dependencia reitera que el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Dr. Eduardo Ramírez Aguilar, mantiene una política de cero corrupción y cero impunidad, por lo que no se tolerarán conductas que atenten contra la legalidad, la confianza ciudadana y la integridad del servicio público.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hace un llamado a la ciudadanía para tramitar exclusivamente documentos oficiales por las vías institucionales, denunciar cualquier ofrecimiento irregular y contribuir al fortalecimiento de una administración pública íntegra, transparente y apegada a la ley.
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