El poder es el poder, y así sea un ayuntamiento, el caso es tener las riendas de la conducción del municipio y eso es justamente lo que pasa desde hace tres años, con mayor ahínco, en Altamirano, donde la lucha entre dos grupos ha generado el secuestro de la presidenta Concejal, como la principal medida para presionar a sentarse a negociar posiciones.
No sé es amarillista o caso por el estilo, pero lo que viven y comentan los pobladores de este municipio colindante con Ocosingo no está fuera de nuestra realidad. Lo peor de todo es que la alcaldesa María García no tiene vela en el entierro, pues sin desacreditar su puesto, su función prácticamente de macetera, la ejercen otros personajes.
Aclaramos que el término utilizado es una realidad en Altamirano, pues todo el control de los movimientos políticos los lleva a cabo su esposo, Adolfo y el tesorero Juan Manuel Montaño Albores, quienes realmente son las personas que gobiernan este municipio.
Por ello, el “levantón” que sufrió la alcaldesa el jueves por la mañana, perpetrado, al parecer por el grupo contrario que anda buscando posiciones políticas para cerrar el trienio y encabezar el próximo gobierno municipal, está relacionado con el ex síndico Gabriel Montoya Oseguera.
Este es el tema de fondo, el poder. El mismo jueves por la tarde los integrantes del Movimiento 14 de Agosto y la COMACH, se enfrentaron contra el grupo que defienden al Concejo, con disparos de armas de fuego de por medio, aunque afortunadamente reinó el saldo blanco.
Lo cierto es que la tensión está al máximo en este municipio que se ha estancado en la pobreza. Todo ello, por la injerencia de Gabriel Montoya Oseguera, quien a pesar de que dejó de ser el síndico, tras romper relaciones con el Concejo Municipal, la situación se volvió más álgida.
Sobre todo, ahora que se supo que el Cabildo, con su alcaldesa, decidieron cerrarle la llave a las canonjías que gozaba el controvertido líder, éste se alió con la Comach, con quien supuestamente se coordinaron para privar de su libertad a la presidenta Concejal, a su esposo Adolfo y al tesorero Juan Manuel, y otras dos personas más.
En esta medición de fuerzas, la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, deben actuar de inmediato antes de que la situación escale a escenarios de violencia. Los antecedentes de la división y confrontación los tiene bien documentados, en una carpeta sobre su escritorio, la encargada de la política interna del estado, Cecilia Flores.
Lo dijimos en su momento, mientras no se ponga tras las rejas a Oseguera para que testifique su intervención en los diversos enfrentamientos y hechos delictivos que se han registrado alrededor de la alcaldía, el problema persistirá.
La autoridad sabe que este caso seguirá latente y no parará hasta que haya un desenlace de pronóstico reservado. El caso de Teopisca debe ser el mejor ejemplo de que combatiendo al rijoso, al que mueve las masas, se acabará el problema.
Por ello, la balanza en Altamirano se debe poner en su justa dimensión e investigar a fondo la participación de Gabriel Montoya, de la Comach y del propio esposo de la alcaldesa en funciones, pues a como están las cosas, no tarda que no amanezcamos con una desagradable noticia.
No se es alarmista, pero ya la agrupación 14 de Agosto, la Comach y el Concejo Municipal, están listos para defender sus intereses políticos. Una situación que no abona en nada una elección segura para el 2 de junio y, además, se complica la liberación de la alcaldesa, pues nadie duda que sea parte de la negociación.
El bloqueo al que ya se acostumbró la población seguirá en esta zona. Volvieron a sitiar las entradas y salidas del municipio a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y de la policía estatal.
Quizás para cuando se esté leyendo estas líneas editoriales, los seguidores de la alcaldesa hayan intentado ingresar a la comunidad de San Felipe, lugar donde supuestamente fue trasladada la Presidenta Concejal por órdenes, así se rumora en el pueblo, de Montoya Oseguera.
Lo cierto es que, en este tema, urge la intervención
enérgica y eficaz de las autoridades de Gobierno para solucionar este conflicto
que, de no atenderse, puede derramar mucha sangre.
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