En cada investigación que se hace del Cártel Inmobiliario de Chiapas van saliendo a relucir más componendas en las que están involucrados personajes de la vida política y hasta quienes prestan sus servicios en la Universidad Autónoma de Chiapas.
En tres entregas que se realizó la semana pasada, salta a la vista no la forma en que operan Erick Romero Peimberth, Viviana Zuarth Flores, llamada la princesa del cártel y esposa de Erick, y Gustavo Adolfo Flores Alfaro, para coaptar a otros personajes que están en puestos claves en el proceso de la supuesta compra venta de terrenos y viviendas, sino cómo la autoridad judicial está amañada con los delincuentes de cuello blanco.
Ha pasado más de una década de las primeras denuncias interpuestas contra este trío que encabeza el clan, que ya varios actores de los gobiernos de los tres niveles se han unido como cómplices para realizar los fraudes contra mujeres, principales víctimas que confiaron en la palabra de Erick, Viviana y Gustavo.
La impunidad reinante es tan ruin, que ni las lágrimas y los llamados de piedad de quienes fueron estafadas hacen mella para que las carpetas de investigación que integró la autoridad judicial avancen. Por ello, la forma en que logran escabullirse con amparos que les conceden para burlar la justicia es desgarradora, como lamentables las escenas de lamentaciones de las víctimas.
Un claro ejemplo es la aparición misteriosa de un “empresario” que se acercó a la víctima para ofrecerles ayuda, una trampa legaloide para dejar sin efecto las denuncias contra el clan inmobiliario. “Con Creces” es la una unión de crédito que invitó a las víctimas a firmar un fideicomiso aparentemente para resolver la grave situación que prevalece con las distintas empresas que encabeza Erick Romero Peimberth.
Este grupo se ofreció voluntariamente a regresar las propiedades pérdidas o arrebatadas, con módicas aportaciones que iban de los 300 mil al millón de pesos.
Según las personas defraudadas, atrás de esta propuesta está Juan José Gutiérrez Chapa, quien figura como presidente del consejo consultivo de las inmobiliarias donde se esconden Erick, Viviana y Gustavo.
Los tres nunca se han hecho presentes en los citatorios que el juez expide por una sencilla razón: se ha descubierto que un doctor egresado de la Unach, de nombre Donato Cruz Sánchez, ha sido el encargado de expedir justificantes y certificados médicos para excusar la inasistencia de los integrantes del cártel inmobiliario a las audiencias dentro del proceso legal que enfrentan.
El médico en cuestión tiene estrecha relación de complicidad con Leticia Flores Alfaro, madre de Viviana Zuarth. Es decir, ha sido pieza clave para interrumpir que los procesos legales culminen como debe ser. Ella es coordinadora general de UNACH virtual, mientras que en el pasado formó parte de atención a grupos vulnerables.
Otro más que está implicado en esta red es Antonio Flores, defensor legal de estos tres delincuentes, quien hace uso del tráfico de influencias y de amistad con funcionarios claves en el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, para evitar que los procesos legales culminen.
Las argucias son tan primarias que la esperanza de solución a su problema se convierte en una decepción de la justicia por parte de las mujeres víctimas.
Y lo que son las cosas, mientras el drama continúa en los tribunales, la princesa Viviana aprovecha la oportunidad, para sin ningún recato o actitud de vergüenza por lo que hace, difunde en sus redes sociales su vida de placer por el mundo, acudiendo a conciertos, fiestas y reuniones.
Tanto es el descaro, según dicen las víctimas, que todavía se da el tiempo para promocionar su negocio de cocina “Roscas Zamarai” a través de sus redes sociales.
Lo
cierto es que en esta tragedia, los fraccionamientos Ámbar, Arbolada, Jardines
de Mactumactzá y Jardín de las Flores, son, por mucho, una pesadilla para las
víctimas de este cártel inmobiliario que no tiene para cuándo se le sancione en
sus decenas de denuncias judiciales.
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