El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas, por favorecer supuestamente a grupos criminales relacionados con la desaparición de 31 personas migrantes en ese estado.
De acuerdo con la Segob, a cargo de Luisa María Alcalde Luján, en los trabajos del Gabinete de Seguridad se tuvo conocimiento de “probables actuaciones” por parte del juez Contreras para favorecer a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país, “y a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México”.
“Existe una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público”, indicó Gobernación.
En la denuncia entregada por Alcalde Luján a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, se informó a las diputadas y a los diputados de “diversos casos de alto impacto”.
En la denuncia se menciona la liberación de personas
pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente
secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos
relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la
posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
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