Las luchas de las organizaciones sociales en Chiapas tienen su historia, muchas de ellas, legítimas, basadas en la exigencia a sus derechos que tienen como ciudadanos, otras para defenderse de las atrocidades que cometen las autoridades policiacas, los abusos de poder o de los propios enfrentamientos entre agrupaciones que han lucrado con el dolor humano para alcanzar sus beneficios particulares.
Todas, sin duda, de renombre que, por circunstancias propias de su lucha, no se dan sus generales, pero que al final son una esperanza para los pueblos olvidados, a los que las autoridades gubernamentales se han olvidado apoyar.
Contrario a ello, en los más recientes casos de combate a los atropellos que habían estado denunciando ciudadanos afectados sin tener ninguna injerencia en su problemática, se encuentra el de la CIOAC que tiene presencia en el centro de la entidad.
En el pasado reciente, era un serio problema encontrarse con los grupos de manifestantes de esta agrupación que constantemente realizaban acciones de hostigamiento en oficinas públicas o realizaban destrozos en centros comerciales.
Acciones muy parecidas, para no decir idénticas a las que practicaba con regularidad la CNTE, la cual, por cierto, ha dejado de estar en el ojo del huracán desde que las autoridades permitieron que se incrustara en las filas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 7, una instancia donde se maneja a diestra y siniestra las cuotas de más de 85 mil trabajadores de la educación en la entidad, sin dejar de mencionar el manipuleo de las plazas en Educación.
Afortunadamente, la mano dura de este gobierno en el tema de las invasiones y posicionamiento ilegal de predios, en las que estaba involucrado la CIOAC, disminuyó casi al cien por ciento. Fue desterrado, aunque en la escena estatal hoy resurgen otras agrupaciones como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) que se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno.
En Ocosingo, su centro de operación se encuentra en Río Colorado, hasta donde se llevaban las unidades o personas secuestradas con el fin de poder negociar su liberación a cambio de que el gobierno les apoyara en el cumplimiento de sus peticiones.
Ha sido una lucha de toma y daca, principalmente porque aducen que tienen líderes que han “desparecido como por arte de magia” y, por tanto, le exigen al gobierno que inicie su búsqueda y los encuentre. Sin duda una petición por demás infructuosa, ya que no hay la capacidad ni se cuenta con un departamento, dirección o secretaría con elementos especializados enfocados a realizar dichas tareas.
Lo decepcionante es que no hay mesas de negociación para llevar por el camino correcto la solución a los problemas. En ocasiones por parte de las autoridades y en otras porque los afectados aducen que los negociadores políticos institucionales solo guardan en el cajón las minutas, pues nunca se les da seguimiento.
Sin duda que es un cuento de nunca acabar, pero que con el paso de tiempo se va convirtiendo en una cortina de humo de la que pueden desencadenar hechos lamentables.
Toda esta introducción porque de nuevo el FNLS tomó la vía equivocada para darle solución a sus problemas. Quemar vehículos en señal de protesta no sólo no ayuda, sino que agrava el conflicto, pues las partes afectadas presentarán denuncia, exigirán el pago de daños y es acá donde a largo plazo, la autoridad tiene que desembolsar el dinero para llevar la fiesta en paz.
Los manifestantes son de Guadalupe Victoria, una colonia perteneciente al municipio de Venustiano Carranza. Incendiaron dos pesadas unidades. ¿Qué se ganan con provocar estos actos vandálicos contra terceras personas?
Justo es donde fallan las autoridades de gobierno al no aplicar la ley y ejercer responsabilidades o en su caso, como lo dijimos, no entablar mesas de negociación. El argumento de que la quema de los vehículos es para presionar para que liberen a sus integrantes encarcelados en penales federales, es una exageración.
La violencia no es ni será el camino para enderezar el camino torcido. La autoridad se tarda en fijar posturas, pues si argumenta que no hay nada que pueda negociarse, pues que lo informe y al final, tenga las armas para que se justifique su participación en estos hechos.
Además, son actos violatorios a lo que dicta la
Constitución, entonces, y, en resumidas cuentas, pues que se aplique la norma y
se detenga a los infractores, así sus demandas sean legítimas ya no debe
permitirse que se continúe mandando el mensaje de que se está en un estado de
ingobernabilidad.
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