Héctor
Estrada
Cientos
de familias han tenido que abandonar sus hogares ante la vorágine de
desapariciones, muerte y el terror que hoy viven los municipios de Frontera
Comalapa y Chicomuselo, Chiapas. Todo por la disputa entre grupos del crimen
organizado, que ni siquiera la Guardia Nacional ha podido detener, dejando a
los habitantes prácticamente solos ante el embate de la narcoviolencia en la
zona.
Apenas
este fin de semana, el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, denunció ante los
tres niveles de gobierno que miles personas de una docena de comunidades de
esos municipios han dejado sus hogares y emprendieron un desplazamiento forzado
huyendo de la violencia y el reclutamiento forzado de grupos del crimen
organizado (ligados al narcotráfico) que se pelean esa región de la frontera
sur en Chiapas.
Dentro
del documento hecho público, la organización alertó que fue el pasado 22 de
mayo cuando los enfrentamientos se agudizaron aún más, contabilizando durante
los últimos días un saldo extraoficial de más de 60 muertos, algunos de ellos
personas inocentes que quedaron en medio de las disputas armadas.
Entre
los ataques recientes se ha documentado incluso, según la narrativa de hechos,
el uso de “drones cargados con explosivos de C4, y armas de alto calibre”, que
también habrían sido utilizados contra casas de pobladores de los ejidos donde
se encuentran los principales enfrentamientos. El estado de anarquía que se
vive en la zona ha dejado como saldo varios saqueos a viviendas y a la propia
tesorería del ejido Nueva Independencia.
La
organización Digna Ochoa destacó que tan sólo en lo que respecta al ejido de
Nueva Independencia de Frontera Comalapa, conocido también como Lajerío, se
tienen contabilizadas a más de tres mil personas, entre niños, hombres, mujeres
y adultos de la tercera edad, que se han visto en la necesidad de dejar sus
casa y bienes para migrar de manera forzada hacia otros sitios. Sin embrago, se
estima que el número de personas que han tenido que huir de esos municipios durante
los últimos dos años ha sido mucho mayor.
Por su
parte, en Chicomuselo, la tensión por la presencia de los grupos criminales,
ahora financiados por empresas mineras, también se elevó en los últimos días
debido a la extracción violenta de minerales que se mantenían acumulados dentro
de la zona. De acuerdo a denuncias de los pobladores, fue el pasado 20 de mayo
cuando ocho camiones irrumpieron de manera abrupta en la mina, llevando consigo
a un grupo fuertemente armado para evitar que los pobladores impidieran la
entrada y salida de los vehículos cargados.
La
situación se ha vuelto cada vez más preocupante porque, como ya sucede en otras
partes del país, las empresas mineras con intereses en la extracción han
comenzado a hacer uso de los mismos grupos ligados al narcotráfico para
amedrantar a los pobladores. Y es que, hace apenas unos meses, se denunciaron
amenazas de muerte directas en contra de activistas de la región, que se
consumaron este mismo fin de semana con el secuestro exprés de uno de los principales
defensores de la tierra en esa región de Chiapas.
El despliegue de contingentes militares durante los últimos años ha sido francamente insuficientes para detener la violencia. Miles dentro de las mismas cabeceras municipales han permanecido secuestrados por los constantes bloqueos carreteros, mientras las desapariciones, enfrentamientos y asesinatos en la zona fronteriza desfilan en las noticias todas las semanas. No hay certidumbre y el terror ha crecido con el paso del tiempo. Por eso los habitantes piden hoy la urgente intervención de toda la fuerza del Estado, para regresar la paz antes que -como para otros tantos- huir sea ya la única alternativa.
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