La propuesta de elegir mediante voto popular a consejeros y magistrados electorales tendría un costo superior a los ocho mil millones de pesos, que contrasta con el principio de austeridad que busca el propio gobierno en su iniciativa de reforma electoral, señala un estudio de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El documento titulado “Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México”, sostiene que la iniciativa del Ejecutivo ofrece ventajas como el fortalecimiento de la democracia, una mayor legitimidad de las autoridades electorales, así como posibilidades de mejora e innovación institucional como producto de la competencia política.
Propuesta
Sin embargo, señala que, por otro lado, la propuesta de elegir mediante el voto popular a consejeros y magistrados electorales también implica costos y riesgos que no deben perderse de vista en el proceso de deliberación legislativa.
Particularmente, de acuerdo con el análisis del IBD elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, en un contexto de hegemonía partidista como el que se ha configurado en nuestro país luego de la tercera alternancia del año 2018, la posibilidad de que los consejeros y magistrados elegidos por la ciudadanía pertenezcan al partido en el gobierno es muy alta, convertiría nuevamente a las autoridades electorales en entidades dependientes del Poder Ejecutivo federal.
También advierte que transformar tan radicalmente uno de
los principales componentes del sistema electoral mexicano podría poner en
riesgo la estabilidad política y social del país, en la medida en que se haría
parte de la lucha por el poder a las autoridades encargadas de aplicar las
normas y resolver las diferencias entre las fuerzas políticas.
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