Desempleo se mantiene

Francisco Mendoza

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) está convencido de que el salario mínimo es una política regulatoria que puede mejorar la eficiencia en el mercado de trabajo, además de que tradicionalmente es considerado como un asunto de justicia social. Para las autoridades, lograr que los ingresos de los trabajadores sean más competitivos es un objetivo deseable.

También lo es el desarrollo de políticas públicas para proteger el poder adquisitivo del salario, con la finalidad de que los beneficios al incremento del salario perduren a través del tiempo.

Esto luego de que el pasado 1 de diciembre la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) anunció un incremento de 22% al salario mínimo en todo el país.

A partir de este año, el salario mínimo es de 260.34 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) y de 172.87 en el resto del país; de acuerdo con la Conasami, esto beneficiaría directamente a 6.3 millones de trabajadores, un 30.5% de los registrados en el IMSS.

Las preocupaciones usuales ante los incrementos del salario mínimo son el aumento en el desempleo y en el nivel de precios de la economía, lo que a los primeros dos meses de este año no se ha registrado como tal.

El ingreso real de los trabajadores formales de menores ingresos ha mejorado en los últimos tres años; al cierre de octubre de 2021, el 10% de trabajadores con menores ingresos laborales que cotizan en el IMSS había recibido un incremento de 91.2% en la ZLFN y de 33.5% en el resto del país, según estimaciones publicadas por la Conasami.

El desempleo no se ha incrementado significativamente como consecuencia del incremento del salario mínimo en la frontera norte, como lo evidencia un estudio realizado por especialistas del Banco de México.

La inflación en la frontera norte habría tenido un incremento de 1.2% en 2019 por el incremento en el salario mínimo, aunque este efecto se diluyó, ya que el IVA se redujo a la mitad de forma simultánea, de acuerdo con otro estudio realizado por investigadores del banco central.

Los salarios competitivos posibilitan una demanda de bienes y servicios más dinámica, lo cual a su vez puede generar un ciclo virtuoso, con más ahorro y, por lo tanto, un clima propicio para la inversión.

Los efectos adversos han sido menores si se comparan con las mejoras en el nivel de vida de los trabajadores (aún más si se considera que el salario mínimo duró casi tres décadas con un poder adquisitivo estancado).

Sin embargo, la crisis económica asociada a la pandemia persiste y la reactivación en el mercado de trabajo todavía es limitada, a pesar de la recuperación de los empleos formales perdidos en los meses más críticos de la contingencia sanitaria.

Los límites a la reactivación se observan al analizar los sectores poblacionales y las regiones donde se han recuperado los trabajos; como el IMCO documentó, la población de hasta 29 años recuperó su nivel de ocupación en un 98.6% respecto a febrero de 2020 y la población de más de 65 años está en un 93.7%, mientras que el sector entre 30 y 65 años ya recuperó su nivel previo a la contingencia sanitaria.