Triplican deportaciones de haitianos

Jeny Pascacio

Una familia de haitianos hace señas a un balsero del río Suchiate del lado de Tecún Umán, Guatemala, para aprovechar las primeras horas de sol y cruzar a bordo de las cámaras, pagando arriba de 40 quetzales por persona.

En territorio chiapaneco caminaron más de 40 kilómetros de Suchiate a Tapachula. Adentrados en la maleza para evadir los retenes permanentes y militarizados del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional para evitar detenciones o deportaciones al país del que huyen por la guerra y pobreza extrema.

La mayoría busca refugio en México, otros sueñan con llegar a Estados Unidos y Canadá, donde algún ser querido los espera. Pero en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, los trámites se prolongaron desde hace dos años.

En el 2019, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reportó 5 mil 539 solicitudes de Haití. Para el 2020 a pesar de la pandemia de COVID-19 contabilizó 5 mil 957, pero tan solo de enero a agosto de 2021 la cifra se triplicó a 18 mil 883. La mayoría de estos trámites se iniciaron en Chiapas.

CALVARIO:

Recorren hasta ocho países antes de llegar a México. La travesía dura meses, incluso años. Avanzan de acuerdo a las condiciones económicas.

En Colombia los ‘polleros’ los obligan a cruzar por la peligrosa selva del Darién. En los relatos, recuerdan que se vieron forzados a beber agua del afluente donde yacían cuerpos sin vida de otros migrantes.

Mientras, a su paso por los países del Triángulo del Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), el crimen organizado los despoja de dinero y pertenencias valiosas. Pero, en Tapachula “nos robaron el sueño, es una cárcel a cielo abierto”, lamenta Claudé.

Yaneth Gil Ardón, fundadora de la asociación civil ‘Una ayuda para ti mujer migrante’, dijo que desde el 2019 sus registros arrojan que aumentó la población de haitianos esperando un trámite migratorio en la capital de Chiapas, pero se enfrentan a la discriminación por el color de piel.

“No consiguen trabajo y tienen hambre. A nosotros como albergues, las empresas donantes también nos detuvieron los apoyos por el coronavirus”.

En el 2019, durante los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos, y la creación de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración dejó de entregar documentos de salidas a personas de origen haitiano.

Entonces el calvario para este grupo migratorio apenas comenzaba en México. Por meses se detuvo todo tipo de trámites y fueron encerrados en las instalaciones de la Feria Mesoamericana y en la estación migratoria Siglo 21 de Tapachula.

En su desesperación ante la falta de alimentos y servicios médicos, protagonizaron varios motines; y fueron deportados de forma masiva.

Los haitianos, en su mayoría familias, que lograron su procedimiento fueron contenidos por meses. Desde entonces, los habitantes de Tapachula les rentan cuartos, casas, patios o azoteas desde 400 hasta mil 200 pesos por mes. En un espacio duermen hasta 30 personas.

En el 2020, aún con el virus, miles de trámites migratorios de personas centroamericanas, cubanas y haitianas quedaron suspendidos, obligándolos —otra vez —a quedarse en la ciudad fronteriza.

Varias fueron las trifulcas que se originaron a las afueras de las oficinas migratorias de la citada ciudad, donde más de 300 haitianos hacían filas diariamente. La molestia era también desencadenada por la corrupción entre trabajadores del INM, “avanza el que trae dinero; los cubanos que pagan no hacen filas”.

Este año, hace unas semanas, cuatro caravanas que salieron de Tapachula, encabezadas principalmente por haitianos cansados de esperar la respuesta del INM y de la Comar, fueron dispersadas de manera violenta por la GN y el INM.

Ahora, en las terminales de autobuses del centro del estado se les observa en espera de seguir avanzando.

La discriminación y la comunicación, son los problemas agregados que enfrentan en este país, incluso de las propias autoridades migratorias que no cuentan con traductores ni personal capacitado en materia de derechos humanos, coinciden organizaciones de la sociedad civil.

En este tenor, el fin de semana durante la Asamblea General de la ONU, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, hizo un llamado a los mandatarios y jefes de estado para encontrar una solución duradera al problema de las migraciones y lamentó el trato que han recibido las personas haitianas fuera de su país.

La directora de la Fundación Chiapaneca de Mujeres Migrantes, Fabiola Díaz lamentó que los menos atendidos sean los haitianos, “los corren hasta del centro y todo esto a ellos les pega el doble, hay suicidios entre migrantes”.

Pese a que tienen el derecho a la salud, no acuden a los servicios públicos, aunque presenten síntomas relacionados con el COVID-19, porque miedo a la discriminación o ser detenidos, coincidió la organización Médicos sin Fronteras.

La sociedad civil, en encuentros virtuales sobre la población en movilidad humana durante la contingencia sanitaria ha señalado la necesidad de que solicitantes como migrantes cuenten con documentos oficiales para estar en México, como una visa humanitaria sin vigencia.

“Hay gente varada en todo Centroamérica esperando entrar a México”, agrega el fundador del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, y lamenta que las personas que buscan una mejor calidad de vida en otro país, sean usadas políticamente, también por el crimen organizado.