4T no cumple con campesinos

El pueblo chiapaneco ha sido considerado por mucho tiempo como el “conejito de indias” por su estoicidad para aguantar los desplantes de empresas nacionales e internacionales que vienen a despojarlos de su patrimonio, a explotarlos al pagar mano de obra barata, a un costo que raya en lo paupérrimo. El caso de las empresas canadienses que buscan ámbar, por ejemplo, en la zona de Simojovel, es un claro ejemplo.

Hace dos días, más de cien ejidatarios, campesinos, todos ellos ya en calidad de edad sexagenaria, dueños de entre 80 y 100 hectáreas de tierras en el tramo donde se construyó la carretera de cuota Ocozocoautla-Arriaga, se plantaron a media vía para taponear el paso de los vehículos que transitan esta importante arteria vial. La razón es simple: exigen les pague la empresa española Concesionaria de Autopistas del Sureste (CAS) el uso de sus tierras.

Son 14 años desde que iniciaron los trabajos de construcción. El 7 de agosto de 2010 se puso en funcionamiento la “autopista” y de acuerdo con la empresa CAS, el compromiso para pagar los terrenos eran a través “de las cuotas de peaje cobradas por la concesionaria”. En un estimado a groso modo, en las tres casetas de peaje donde circulan mínimo mil carros a diario, en un solo sentido, son más de 200 millones de pesos que recaudan al año, tomando en consideración que sólo se menciona a los autos compactos, por lo que el monto incrementa por las unidades pesadas con más ejes.

Si entra tanto dinero, ¿por qué la concesionaria abusa de los hermanos chiapanecos que luchan día a día para sobrevivir labrando sus tierras? Al 30 de junio, es decir, al día de hoy, no les había liquidado un solo peso, y lo que es peor, ni ellos saben cuánto les darían por sus terrenos. Dónde está la voz enérgica, siempre altanera del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, quien bajo su mandato fue el que autorizó este proyecto. En aquel entonces la consigna del mandatario que estuvo en el Amate por órdenes de su “amigo” Juan Sabines Guerrero, era que se pagaría hasta el último peso a los campesinos que perdieron sus parcelas donde cultivaban los alimentos para sus familias y para vender sus cosechas.

Una carretera cuyo plazo de contrato fue a 50 años, un tiempo ventajoso y acción ruin permitida por las autoridades, no por el convenio, sino por la sinvergüenza de no pagar lo justo a los que de buena gana ofrecieron sus tierras. Hoy los campesinos de los ejidos Triunfo Catalina, California, Liberación, Venustiano Carranza y algunas comunidades que pertenecen geográficamente al municipio de Jiquipilas, manifiestan con bloqueos su impotencia, pues son 11 años en que la vía está en funciones y todos los días, a todas horas entra dinero a la concesionaria. No se vale jugar con el dolor humano. Imperdonable lo que se hace con el chiapaneco.

Pero más imperdonable, se quejan los afectados, que sea el propio gobierno federal el que tenga en su escritorio todos los expedientes que contemplan las decenas de vueltas que las distintas dependencias, encabezadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, les han hecho dar sólo para traerlos como pirinola. No se vale que sea el propio mandatario de la nación al que ya se le entregó en propia mano la situación que guarda el caso y no haya hecho nada.

Con justa razón los ejidatarios dicen que a la fecha se han gastado más es traslados y mal comer, cuando tienen que acudir a la capital del estado a verificar cómo va el caso. No, no se vale que las propias autoridades amenacen a los indefensos campesinos para decirles que si no se comportan no les traerán el dinero a Chiapas, sino que tienen que ir hasta Veracruz, sede de la compañía, para que les liquiden. Claro, lo peor es que no les dijo cuándo.

Cuánta razón tienen mujeres y hombres que bloquean la carretera de cuota cuando dicen que sólo “exigen lo suyo, el pago del derecho de vía, lo terrenos los partieron en dos. No hay acceso para sacar los productos por carretera; estamos peor que si estuviéramos presos”.

Lo justo es que se les liquide, lo justo es que se les pague intereses por el tiempo de espera, por dañar su estabilidad emocional, por afectar su patrimonio. Lo justo es que el presidente AMLO ordene el pago total y sin más demora. Lo justo es que, si en esta administración se habla de justicia, se hable de enjuiciar a los expresidentes por “manos largas”, entonces lo justo es que se indemnice conforme a la ley a los indefensos ejidatarios, porque ellos, a pesar de que ya alcanzaron la mayoría de edad, no tienen otra opción y ésta será pelear con el último suspiro que les quede.

El caso está en manos del gobierno y no dudamos que sea el propio gobernador Rutilio Escandón Cadenas el que en lo inmediato resuelva este embrollo. Si hablamos de justicia, ante la dilación dolosa de los concesionarios oportunistas, ante el incumplimiento del contrato, el gobierno de la Cuarta Transformación debe sancionar a la CAS, verificar que se liquide el adeudo y advertirle que no permitirá más atropellos pues ya basta que a los chiapanecos los traten como de segunda. ¡CAS, cumple con lo que te corresponde!.