Cuando la cerrazón se impone y el diálogo se agota, no hay mejor forma de resolver los problemas sino con la aplicación irrestricta de la ley.
No faltarán los que llamen “represión” a las medidas que adopte el gobierno para preservar el Estado de Derecho, pero que la autoridad haga uso de sus facultades para contener la violencia, sancionar los delitos y evitar que terceros salgan afectados no es represión, se llama legalidad.
Las leyes no están para adornar la vida pública y privada, ni son material para colocarse en un librero. Sólo los dictadores, los déspotas y los caciques lo consideran así.
Son parte consustancial de la existencia de los individuos. Regulan la convivencia entre los habitantes de un pueblo, una ciudad, un estado y una nación. Dictan las libertades y los derechos de las personas, como a la vida, a la educación, la salud, la seguridad, al empleo, a la libertad de expresión, entre otros. Pero también fijan límites a la conducta y obligaciones a los ciudadanos, como pagar impuestos y no afectar la paz social.
Por otro lado, marcan la pauta para el desarrollo integral de la sociedad. Por las mismas leyes, el Estado tiene la obligación de facilitarles a las personas las oportunidades para su propio crecimiento mediante la construcción de escuelas, hospitales, el fomento a la inversión privada y pública y a través de la instauración de instituciones que protejan los derechos y garanticen una vida libre de violencia.
Por eso la aplicación de la ley es un deber para todo Gobierno y no una opción, pues es sinónimo de justicia.
No gobernar con la ley en la mano pone en riesgo la estabilidad social, abre el camino a la violencia, a la inseguridad y a que grupos radicales bloqueen carreteras, quemen edificios públicos, secuestren funcionarios y atenten contra los derechos de personas inocentes. En fin, le abre el paso a la impunidad.
En Chiapas hemos sido testigos de las graves consecuencias que tuvo en años anteriores no imponer la legalidad. Ahí están, por ejemplo, las invasiones y el despojo de terrenos perpetrados por el Mocri, o la infinidad de veces que los normalistas han atentado contra las personas, los bienes públicos y la propiedad privada. En ninguna manera es libertad de manifestación secuestrar camiones de transporte, saquear tiendas de conveniencia, tomar las casetas de peaje y ocasionar destrozos e incendios en los edificios públicos, eso es vandalismo.
Lo mismo podemos decir de los actos de la CNTE, grupúsculo que bajo el pretexto de luchar contra la reforma educativa ha realizado marchas, plantones y bloqueos carreteros que han afectado de gravedad a la educación de los niños y jóvenes de Chiapas, a los que han dejado sin clases por cientos de días a lo largo del sexenio pasado, condenándolos a la ignorancia y la pobreza.
También afectó a la economía. Nada más durante el plantón que sostuvieron los maestros disidentes durante el 2016, causaron el cierre de más de 500 empresas en el centro de Tuxtla Gutiérrez y una pérdida económica por más de mil millones de pesos.
Por tanto, merece todo el respaldo de los chiapanecos la declaración de la secretaria general de gobierno, Cecilia Flores López, de que el Estado de Derecho no estará sujeto a presiones de grupos que actúan al margen de la ley y que buscan desestabilizar la paz y la armonía de Chiapas en base a la violencia, con el objetivo de obtener ganancias políticas y económicas.
Por todos es conocido que en todo tiempo el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas ha privilegiado el diálogo con las distintas expresiones, sirviendo como mediador para lograr los acuerdos que abonen a la paz y tranquilidad de los municipios.
Pero lo que está sucediendo con la organización Frente Popular Sentimientos de la Nación, culpable de los destrozos al inmueble de una empresa privada y del secuestro de dos elementos ministeriales; asimismo, con las organizaciones que han puesto en vilo la seguridad de los habitantes del municipio Venustiano Carranza, son asuntos que merecen ser tratados con la certeza de la ley. Lo contrario sólo sería arriesgar la seguridad e incluso la vida tanto de los implicados en el conflicto como de terceras personas.
Hay que entender que no hay ciudadanía plena si no hay certeza de derechos y medios para hacerlos valer y sancionar al infractor. En Chiapas, la legalidad debe ser la premisa obligada para alcanzar los objetivos superiores de la sociedad.
Comentarios
Publicar un comentario