Al comparecer ante la Comisión de Justicia de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado, y en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y en el artículo 12 de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado, el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández, entregó el informe de acciones más relevantes realizadas durante el 2020.
En dicho informe se destaca el proceso de transformación de este órgano autónomo con transparencia y profesionalismo, para que las y los chiapanecos tengan acceso pleno a la justicia, sin distinciones.
Ante las y los diputados, Gómez Hernández resaltó la coordinación con instancias federales, estatales y los ayuntamientos, que ha colocado al estado con la menor tasa de víctimas de delitos por cada 100 mil habitantes, en el país, como lo confirma la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Agregó que en tres de los municipios más importantes de la entidad, debido a su alta población, desarrollo económico y flujo turístico, disminuyó la incidencia delictiva general como el caso de Tuxtla Gutiérrez, que alcanzó un 50 por ciento, en tanto que Tapachula y San Cristóbal de Las Casas registraron un 15 por ciento en ambos municipios.
APLICACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO
Con la finalidad de garantizar el derecho a la propiedad y proteger el patrimonio ambiental de las y los chiapanecos, se implementó la Estrategia de Recuperación de Predios, a través de la cual se realizaron 33 desalojos con un saldo de 76 personas detenidas, lo que dio como resultado la restitución de 4 mil 434.66 hectáreas, de las cuales mil 295.5 corresponden a áreas naturales protegidas del Cañón del Sumidero, Cerro Brujo, El Triunfo y Tziscao.
En
congruencia con la política de austeridad y combate a la corrupción, el Fiscal
General informó que se iniciaron 252 carpetas de investigación, 455 registros
de atención y se vincularon a proceso a 14 servidores públicos, por delitos
relacionados con sus funciones.
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