Letras
Desnudas
Mario
Caballero
Tenemos
todavía atorada la elección del 2015 en la garganta. Si no fuera una imagen
gastada, habría que decir que es una herida que no ha cerrado. La inmensa
mayoría concuerda que el poder de entonces atentó contra la voluntad de los
chiapanecos y logró la captura de las instituciones.
En la
historia de esa conjura habría que registrar el robo y quema de casillas en
varios municipios. Así como también la quema de urnas y del palacio municipal
de Belisario Domínguez. Hubo arrestos, como el de la dirigente del grupo
Antorcha Campesina, María de Jesús Venegas, en Coita, que fue detenida por
agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(Fepade) luego de que fue denunciada por coaccionar el voto a favor del Partido
Verde Ecologista de México, que era el partido que gobernaba Chiapas. En el
momento de la detención se le hallaron un arma de grueso calibre y cien mil
pesos en efectivo.
Entre
otros hechos, la ventaja que recibió el candidato del PVEM a la presidencia
municipal de Tuxtla durante su campaña; la intervención ilegal de empresarios y
de los funcionarios más importantes del estado; el larguísimo silencio del
organismo electoral en la noche del voto; la manipulación de las actas de
casilla; el despilfarro de dinero de los partidos, candidatos y del propio
instituto de elecciones; la elección fraudulenta del diputado migrante que
acabó con la destitución y encarcelamiento de los consejeros del IEPC; la
complicidad entre partidos y autoridades estatales para beneficiarse
mutuamente.
La
traumática elección del 2015 es la prueba de que la democracia se torcía. De
ahí que las recientes leyes aprobadas por el Congreso del Estado en materia
electoral impliquen explícitamente mejores garantías a elecciones limpias,
legales, justas y transparentes.
En la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Medios de Impugnación y
de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas no hay visos de una conquista
territorial del poder como sucedió antes, sino la búsqueda de fortalecer la
democracia, los derechos de los ciudadanos y los nuevos equilibrios. Si las
instituciones fueron de los poderosos, ahora serán nuestras.
ALGUNOS
APUNTES
La
democracia requiere de un sólido tejido normativo que garantice los derechos
políticos de los ciudadanos y establezca las llamadas “reglas del juego
político”. Norberto Bobbio decía que la democracia debe entenderse precisamente
como un conjunto de normas que permiten la participación de las personas en las
decisiones que interesan y afectan a toda la colectividad. Eso pretenden las
nuevas leyes electorales para Chiapas.
Un
punto clave la nueva legislación es el reordenamiento del organizador de las
elecciones, es decir, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC). Las leyes aprobadas proponen una reestructuración de los órganos
administrativos del instituto, considerando la política de austeridad. De igual
manera, favorecer su eficacia y eficiencia, sin afectar su autonomía y
funcionamiento.
El
IEPC ha sido visto siempre como una dependencia cara y ostentosa. Ahí que
reducir el personal signifique un ahorro importante de muchos millones de pesos
en salarios, prestaciones, oficinas, en diferentes gastos que muchas veces
representan una carga para el erario y ningún beneficio. Esa medida permitirá
que ese dinero sea invertido en las necesidades más apremiantes de la población
chiapaneca, como en la educación y salud, por ejemplo.
Además,
impedirá la corrupción, el desvío de recursos y que los familiares de los altos
funcionarios electorales cobren sueldos sin trabajar o que con dinero de los
chiapanecos se paguen los viajes, lujos y joyas de las amantes de éstos, como
ha pasado en otras ocasiones.
En las
elecciones del 2015 se cometieron fraudes, se robaron urnas, se alteraron
actas, corrió mucho dinero sucio y ganaron todos los candidatos que se
impusieron desde el Palacio de Gobierno, y todo porque los consejeros
electorales estaban sometidos al Ejecutivo estatal.
Las
nuevas leyes buscan impedir que esa historia se repita garantizando la
independencia del organismo. Por consiguiente, con el Proceso Sancionador se
contempla la recepción de quejas o denuncias por cualquier órgano del Instituto
electoral, desde su registro hasta la solicitud de investigaciones, para que
nadie más trafique influencias y no redunden los hechos que llevaron a los
institutos políticos como Mover a Chiapas (creado por y para el servicio del
anterior gobierno) a ganar una docena de alcaldías en su primera elección y al
PVEM (partido en el poder durante la administración pasada) a convertirse en el
partido hegemónico.
También
se reduce el financiamiento público de los partidos. Por muchos años ésta ha
sido una de las demandas más vehementes de la sociedad, que reclama el uso de
miles de millones de pesos que en tiempos de campaña terminan en basura
electoral o en las cuentas bancarias de políticos deshonestos. Esta medida, sin
duda, viene a hacer justicia social.
Para
la celebración de las elecciones de 2018, el IEPC requirió más de 953 millones
de pesos, cuando en 2012, año en que también se eligieron 122 alcaldes, 41
diputados locales y el gobernador del estado, se habían utilizado poco más de
321 millones, es decir, sólo el 34 por ciento. Esta situación cambiará con la nueva
ley, que exige austeridad en el presupuesto, honestidad y transparencia. En ese
sentido, habla de la instalación de una comisión de vigilancia, que se
encargará de que los dineros sean ejercidos correctamente.
En los
comicios de 2015, los partidos simularon la paridad de género, otros impidieron
que una mujer tuviera acceso a una postulación, no respetaron la
autodeterminación de los pueblos indígenas y en algunos municipios aparecieron
casos de violencia política porque no querían que una mujer los gobernara. Para
solucionar esa problemática se fortaleció la disposición de la paridad de
género y se determinaron sanciones más duras a los responsables de violencia
política.
Esto
habla de leyes electorales que van de acuerdo con las necesidades de nuestro
tiempo, que buscan garantizar la equidad, los derechos políticos tanto de
mujeres como de hombres, respetar los usos y costumbres de los pueblos
originarios y hacer justicia.
Por
otro lado, determinar que los diputados y alcaldes que buscan la reelección se
separen del cargo, es equilibrar la competencia electoral. Porque no tienen las
mismas ventajas un presidente municipal con disponibilidad de recursos, con
operadores en la nómina del Ayuntamiento, que se ha hecho de clientelas
políticas, que alguien que no tiene nada de eso.
ORDEN
No hay
manera de desvirtuar que las nuevas leyes electorales de Chiapas, iniciativas
del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, vienen a poner orden en el juego y en
las reglas de nuestra democracia. A los partidos y al instituto electoral les
reajusta sus obligaciones, mientras que a los ciudadanos les garantiza sus
derechos.
Bien
por los diputados que aprobaron las leyes porque con ello dieron un paso
importante en el fortalecimiento de la democracia. Y bien por los que
manifestaron sus inconformidades, porque las leyes por muy acertadas que sean
merecen debatirse, tener como sazonador la controversia. De lo contrario, no
podría haber una real democracia si antes no existe pluralismo. ¡Chao!
@_MarioCaballero
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