Letras Desnudas/Mario Caballero: Cuidando la democracia

Letras Desnudas

Mario Caballero

Tenemos todavía atorada la elección del 2015 en la garganta. Si no fuera una imagen gastada, habría que decir que es una herida que no ha cerrado. La inmensa mayoría concuerda que el poder de entonces atentó contra la voluntad de los chiapanecos y logró la captura de las instituciones.

En la historia de esa conjura habría que registrar el robo y quema de casillas en varios municipios. Así como también la quema de urnas y del palacio municipal de Belisario Domínguez. Hubo arrestos, como el de la dirigente del grupo Antorcha Campesina, María de Jesús Venegas, en Coita, que fue detenida por agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) luego de que fue denunciada por coaccionar el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México, que era el partido que gobernaba Chiapas. En el momento de la detención se le hallaron un arma de grueso calibre y cien mil pesos en efectivo.

Entre otros hechos, la ventaja que recibió el candidato del PVEM a la presidencia municipal de Tuxtla durante su campaña; la intervención ilegal de empresarios y de los funcionarios más importantes del estado; el larguísimo silencio del organismo electoral en la noche del voto; la manipulación de las actas de casilla; el despilfarro de dinero de los partidos, candidatos y del propio instituto de elecciones; la elección fraudulenta del diputado migrante que acabó con la destitución y encarcelamiento de los consejeros del IEPC; la complicidad entre partidos y autoridades estatales para beneficiarse mutuamente.

La traumática elección del 2015 es la prueba de que la democracia se torcía. De ahí que las recientes leyes aprobadas por el Congreso del Estado en materia electoral impliquen explícitamente mejores garantías a elecciones limpias, legales, justas y transparentes.

En la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Medios de Impugnación y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas no hay visos de una conquista territorial del poder como sucedió antes, sino la búsqueda de fortalecer la democracia, los derechos de los ciudadanos y los nuevos equilibrios. Si las instituciones fueron de los poderosos, ahora serán nuestras.

ALGUNOS APUNTES

La democracia requiere de un sólido tejido normativo que garantice los derechos políticos de los ciudadanos y establezca las llamadas “reglas del juego político”. Norberto Bobbio decía que la democracia debe entenderse precisamente como un conjunto de normas que permiten la participación de las personas en las decisiones que interesan y afectan a toda la colectividad. Eso pretenden las nuevas leyes electorales para Chiapas.

Un punto clave la nueva legislación es el reordenamiento del organizador de las elecciones, es decir, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC). Las leyes aprobadas proponen una reestructuración de los órganos administrativos del instituto, considerando la política de austeridad. De igual manera, favorecer su eficacia y eficiencia, sin afectar su autonomía y funcionamiento.

El IEPC ha sido visto siempre como una dependencia cara y ostentosa. Ahí que reducir el personal signifique un ahorro importante de muchos millones de pesos en salarios, prestaciones, oficinas, en diferentes gastos que muchas veces representan una carga para el erario y ningún beneficio. Esa medida permitirá que ese dinero sea invertido en las necesidades más apremiantes de la población chiapaneca, como en la educación y salud, por ejemplo.

Además, impedirá la corrupción, el desvío de recursos y que los familiares de los altos funcionarios electorales cobren sueldos sin trabajar o que con dinero de los chiapanecos se paguen los viajes, lujos y joyas de las amantes de éstos, como ha pasado en otras ocasiones.

En las elecciones del 2015 se cometieron fraudes, se robaron urnas, se alteraron actas, corrió mucho dinero sucio y ganaron todos los candidatos que se impusieron desde el Palacio de Gobierno, y todo porque los consejeros electorales estaban sometidos al Ejecutivo estatal.

Las nuevas leyes buscan impedir que esa historia se repita garantizando la independencia del organismo. Por consiguiente, con el Proceso Sancionador se contempla la recepción de quejas o denuncias por cualquier órgano del Instituto electoral, desde su registro hasta la solicitud de investigaciones, para que nadie más trafique influencias y no redunden los hechos que llevaron a los institutos políticos como Mover a Chiapas (creado por y para el servicio del anterior gobierno) a ganar una docena de alcaldías en su primera elección y al PVEM (partido en el poder durante la administración pasada) a convertirse en el partido hegemónico.

También se reduce el financiamiento público de los partidos. Por muchos años ésta ha sido una de las demandas más vehementes de la sociedad, que reclama el uso de miles de millones de pesos que en tiempos de campaña terminan en basura electoral o en las cuentas bancarias de políticos deshonestos. Esta medida, sin duda, viene a hacer justicia social.

Para la celebración de las elecciones de 2018, el IEPC requirió más de 953 millones de pesos, cuando en 2012, año en que también se eligieron 122 alcaldes, 41 diputados locales y el gobernador del estado, se habían utilizado poco más de 321 millones, es decir, sólo el 34 por ciento. Esta situación cambiará con la nueva ley, que exige austeridad en el presupuesto, honestidad y transparencia. En ese sentido, habla de la instalación de una comisión de vigilancia, que se encargará de que los dineros sean ejercidos correctamente.

En los comicios de 2015, los partidos simularon la paridad de género, otros impidieron que una mujer tuviera acceso a una postulación, no respetaron la autodeterminación de los pueblos indígenas y en algunos municipios aparecieron casos de violencia política porque no querían que una mujer los gobernara. Para solucionar esa problemática se fortaleció la disposición de la paridad de género y se determinaron sanciones más duras a los responsables de violencia política.

Esto habla de leyes electorales que van de acuerdo con las necesidades de nuestro tiempo, que buscan garantizar la equidad, los derechos políticos tanto de mujeres como de hombres, respetar los usos y costumbres de los pueblos originarios y hacer justicia.

Por otro lado, determinar que los diputados y alcaldes que buscan la reelección se separen del cargo, es equilibrar la competencia electoral. Porque no tienen las mismas ventajas un presidente municipal con disponibilidad de recursos, con operadores en la nómina del Ayuntamiento, que se ha hecho de clientelas políticas, que alguien que no tiene nada de eso.

ORDEN

No hay manera de desvirtuar que las nuevas leyes electorales de Chiapas, iniciativas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, vienen a poner orden en el juego y en las reglas de nuestra democracia. A los partidos y al instituto electoral les reajusta sus obligaciones, mientras que a los ciudadanos les garantiza sus derechos.

Bien por los diputados que aprobaron las leyes porque con ello dieron un paso importante en el fortalecimiento de la democracia. Y bien por los que manifestaron sus inconformidades, porque las leyes por muy acertadas que sean merecen debatirse, tener como sazonador la controversia. De lo contrario, no podría haber una real democracia si antes no existe pluralismo. ¡Chao!

@_MarioCaballero