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Prioritario considerar a quién otorgará el gobierno entrante, la titularidad
del órgano de investigación y su ubicación jurídica; ya sea en el Ejecutivo;
Judicial; las OSC y una “Comisión de la Verdad”; instancias internacionales; o
en una combinación de las cuatro - No debe haber intervención directa de la
Segob ni de Alejandro Encinas. Ellos –al igual que los padres de los 43,
organismos internacionales y representantes de DH- pueden “coadyuvar”, expone -
Saludable que López Obrador emita, desde el primer día de su gobierno, un
decreto presidencial que ordene a todas las instancias gubernamentales,
colaborar con las investigaciones para eliminar trabas - PGR no tiene la
exclusividad para indagar como manifiesta, puesto que hubo investigaciones
formales avaladas por ella misma como ocurrió con la CNDH, ONU y GIEI, aclara
Antonio
Ortega Martínez, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática
afirmó que es indispensable que el gobierno entrante de Andrés Manuel López
Obrador, conforme la Comisión Investigadora para la Verdad sobre el caso
Ayotzinapa, ordenada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno
Circuito de Tamaulipas y -más aun- que dicha figura sea supervisada por
instancias internacionales para evitar su politización.
Consideró
además, “saludable” que López Obrador emita, desde el primer día de su
gobierno, un decreto presidencial que ordene a todas las instancias
gubernamentales, colaborar con las investigaciones para eliminar las trabas
que, a lo largo de estos cuatro años, han encontrado las pesquisas.
“Seguramente
el Presidente puede hacer que las instancias de gobierno le hagan caso, aunque
se podrían mantener las resistencias de los actuales porque se encuentran más
que en los funcionarios en las instituciones mismas”, advirtió.
También
dijo, es positivo que en los primeros días del nuevo se solicite formalmente
tanto a la ONU como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que
se reactive la asistencia técnica para apoyar las investigaciones.
Expuso
que aun cuando la orden del Primer Tribunal Colegiado se encuentra suspendida
por impugnaciones interpuestas por al menos, 10 instancias federales con el
argumento de que sólo el Ministerio Público -a través de la Procuraduría
General de la República (PGR)- tiene atribuciones para investigar, hay el
sustento constitucional, convencional y legal para la creación de la citada
Comisión ya que al analizar el artículo 21 constitucional, el Tribunal concluyó
que no existe exclusividad del MP para averiguar dado que existen varias
indagatorias formales reconocidas por el mismo, como ocurrió con los casos de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos; la Organización de las Naciones
Unidas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Indicó
que por ello, existe sustento jurídico para que el gobierno entrante ordene la
creación de la Comisión de investigación e, incluso se refuerce con supervisión
internacional; sin embargo –alertó- debe
ser cuidadoso para no repetir errores de los mismos actores en una
investigación y se politice nuevamente.
Por
ello, Antonio Ortega planteó la necesidad de considerar a quién otorgará el
gobierno de AMLO, la titularidad del órgano de investigación y su ubicación jurídica;
ya sea en el Ejecutivo; en el Poder Judicial; en el ámbito de la sociedad civil
(como la ya acostumbrada figura de “Comisión de la Verdad”); acudiendo a
instancias internacionales; o en una combinación de las cuatro.
El
Decano de esta Legislatura recordó que las “comisiones de la verdad” se crean
cuando resulta difícil o prácticamente imposible determinar una verdad jurídica
apegada a la de los hechos y a la justicia cuando no hay acceso a pruebas
fehacientes porque fueron destruidas o tergiversadas (al grado que es imposible
utilizarlas para acreditar la verdad jurídicamente) o bien, cuando hay
incapacidad institucional como ha pasado en el caso de dictaduras que
destruyeron las pruebas de sus arbitrariedades, o porque en su momento no se
contaba con jueces autónomos y procedimientos legales.
El
diputado perredista juzgó necesario acudir a la figura de “Comisión de la
Verdad” al cumplirse esta semana cuatro años sin certeza ni justicia, o ante lo
que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos ha calificado como el actuar de las autoridades (que defienden
su versión oficial o “verdad histórica”) como una “investigación insostenible
de doble injusticia” cuyas deficiencias e inconsistencias fueron patentizadas
por el GIEI, el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forense
Architecture.
Ortega
Martínez dejó en claro que si bien pueden ser buenas las intenciones del
presidente electo cuando señala que la Secretaría de Gobernación cambiará su función
tradicional y “ya no va a tener que ver con asuntos policíacos, ni espionajes”;
no es conveniente que sea esta instancia de gobierno la encargada de tener la
Comisión bajo su responsabilidad “porque se impediría la mayor ventaja de las
comisiones ‘de la Verdad’ que evitan la politización por estar conformadas no
solo por personas notables fuera de duda y de cualquier sesgo de parcialidad,
sino también fuera de las instituciones tradicionales”.
Aclaró
que por esas mismas razones Alejandro Encinas tampoco sería el más adecuado en
tener a su cargo esta Comisión y solamente tendría que coadyuvar en las
funciones de la Comisión al igual que la CIDH e, incluso, el GIEI (ya sea con
los mismos u otros expertos). También deben ser coadyuvantes los padres de los
43 estudiantes desaparecidos; Olga Sánchez (propuesta como próxima responsable
de Segob); Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH; Jan Jarab,
representante en México de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y el
Centro Miguel Agustín Pro Juárez.
“Todos,
pueden coadyuvar pero con una nueva composición en la ubicación de la comisión
y con un titular fuera de toda duda de parcialidad o sesgo”, concluyó.
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