El
representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Jan Jarab, aseveró que desde la perspectiva de las
garantías fundamentales, el actual modelo de seguridad en México -con el uso de
las fuerzas armadas- “es muy preocupante”.
Interrogado
en torno al dictamen de Ley de Seguridad Interior, aprobado en comisiones
legislativas esta mañana y que está por discutirse en el pleno de la Cámara de
Dipurtados, el funcionario de la ONU planteó: “La posición de la oficina del
Alto Comisionado es bien conocida. Se necesita una reflexión inclusiva,
honesta, pública sobre lo que funcionó y lo que no en el modelo de seguridad
actual. A partir de 2006 -cuando inició la guerra contra el crimen organizado-
se multiplicaron las graves violaciones de derechos humanos, entones desde esta
perspectiva el modelo actual de seguridad evidentemente es muy preocupante”.
En
la entrevista, que se dio después de su participación en la presentación de un
informe sobre la situación de la infancia en México, Jarab evitó profundizar
sobre el contenido de la iniciativa de ley, pero agregó que también desde el
ámbito de la seguridad los indicadores muestran que la estrategia actual no ha
rendido frutos y tiene tristes resultados. “Entre 2004 y 2006 los homicidios en
México estaban en su nivel más bajo históricamente, y ustedes saben cómo
estamos hoy”, con las cifras por este delito en los más alto, siendo el mes de
octubre de este año el máximo histórico de asesinatos en el país.
“Nos
parece que se necesita una reflexión sobre una posible salida de este paradigma
y dar más fuerza a las policías a varios niveles, pero también se necesita dar
mucho más enfoque en la dimensión preventiva, en la seguridad ciudadana,
entonces privilegiar la protección de las vidas humanas y eso sí es algo que
vamos a continuar impulsando cualquiera que sea el resultado de la votación en
el Congreso (…) El problema no se resuelve al legislar (elementos) que
petrifiquen el status quo. Lo digo con reserva del contenido (del dictamen),
pero a nuestra oficia no parece que en la forma que se propuso se dé un impulso
para este cambio de paradigma”.
Recomendó
que en lugar de legalizar las labores de las fuerzas armadas en tareas de
seguridad pública, como se pretende con la iniciativa de ley que une de ser
aprobada esta misma tarde, se haga un regreso gradual de los militares a sus
cuarteles. Además que se emprendan políticas públicas que abonen en la
prevención y no en la represión, que van desde el combate a la pobreza, el
impulso de la economía,, entre otras.
“Nos
parece que se necesita verdaderamente una evaluación de cómo funcionó por diez
años esta estrategia, y que quienes quieren continuar con ella o legislar para
que continúe, tienen que explicar por qué están convencidos de que funcionó.
“El
problema de la seguridad del país no se resolverá sólo con una estrategia
represiva, evidentemente hay que tener una dimensión en este sentido, pero
desde nuestra perspectiva lo que nos parece más importante es el estado de
derecho: combatir la impunidad; garantizar que los perpetradores de homicidios,
desapariciones, secuestros y otros delitos sean procesados; que cuando hay
colusión entre servidores público y delincuencia que eso no resulte en la
impunidad y sean sancionados y procesados esos servidores públicos. Eso es
fortalecer el estado de derecho, fortalecer la dimensión de prevención. Además
de las policías, pero siempre con rendición de cuentas. Es el mejor camino, que
no es fácil, pero se necesita hablar sobre una posible salida del actual modelo
de seguridad”.
Por:
La Jornada

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