En
la Mira
Héctor
Estrada
El
complicado conflicto en el sector transportista (en modalidad de taxis) dentro
de la entidad chiapaneca sólo tiene un responsable directo y se llama Manuel
Velasco Coello. Las malas decisiones tomadas a la hora de designar al
responsable de la Secretaría de Transportes estatal, la falta de claridad en la
toma de decisiones y el ya acostumbrado uso de promesas falsas para destrabar
conflictos de manera temporal han provocado tremendo lío que podría terminar de
manera muy violenta.
Aunque
se debe reconocer que el sector transportista de Chiapas generalmente está
envuelto en problemas, lo que sucede hoy con las agrupaciones de taxistas
concesionados e irregulares tienen sus particularidades. El conflicto que se ha
agudizado recientemente tiene el sello de manufactura en el propio gobernador
chiapaneco. Se trata de un problema agudizado por el gobierno de Juan Sabines
Guerrero que Velasco Coello terminó por complicar.
El
problema comenzó a salirse de proporciones justamente durante la época del
“sabinato”, caracterizado por el despilfarro y la entrega desproporcionada de
favores. A los “pulpos del transporte público” los mantuvo contentos con nuevas
concesiones y cargos públicos, mientras a las agrupaciones sociales y
campesinas de mayor poderío se le brindó “cancha libre” para la operación
irregular de transporte público, sin el menor empacho.
Con
la llegada de Manuel Velasco Coello y el conflicto de su gobierno con los
líderes concesionarios la posibilidad de la regularización para muchos que se
mantenían en la ilegalidad llegó. Con el paso de los años, las solicitudes y
exigencias de organizaciones como la Confederación Revolucionaria de Obreros y
Campesinos (CROC) la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas
(Coestrach), la CTM y la CGT para alcanzar una concesión cayeron en cascada.
Ante
el enfrentamiento con los monopolios (pulpos) del transporte, el sector de
transportistas asalariados irregulares también se convirtió en una posible
opción de salida. Ahí fue justo donde la intervención de Manuel Velasco Coello
complicó el escenario. En una reunión con las agrupaciones irregulares el
gobernador chiapaneco se comprometió a entregar las concesiones si ellos
cumplían con dos condiciones esenciales: la adquisición de nuevos vehículos y
seguros de pasajero.
Entre
2015 y 2017 un aproximado de mil 500 asalariados del transporte público
irregular cumplieron con lo pactado y entregaron a la Secretaría de Transportes
la documentación de comprobación. En su mayoría adquirieron vehículos de
agencia bajo sistemas de financiamiento, con costos superiores a los 150 mil o
200 mil pesos, y los respectivos seguros de viajero. Sin embargo, para no
variar en su gobierno actual, al final de cuentas Velasco Coello terminó
desconocimiento el acuerdo.
La
presión de los concesionarios monopólicos, los acuerdos en lo oscurito y los
malos consejos terminaron echando abajo un pacto que dejó a cientos de
asalariados sin posibilidad inmediata de obtener una concesión y con tremendas
deudas automotrices. Peor aún, en respuesta, recibieron operativos para la
detención de las unidades. El acuerdo había sido una verdadera tomada de pelo
sin retorno.
Por
eso hoy el conflicto parece más complejo que nunca. Los concesionarios, muchos
de ellos pulpos del transporte, se arremolinan en exigencia de un “alto al
pirataje”, mientras los irregulares piden el cumplimiento de un acuerdo
tramposo y desleal que ahora los tiene comprometidos económicamente. Todo por
las decisiones irresponsables de un gobierno insensible y falto de seriedad.
La
posibilidad de enfrentamientos violentos entre ambos sectores del transporte
crece con el paso de los días. La detención arbitraria de unidades y las
tensiones entre ambos frentes no tardan en salirse de control ante un gobierno
omiso. Por eso hoy las voces que hablan de una liberación en el transporte público
resuenan con mayor fuerza. El fin de sexenio se acerca y el conflicto apunta a
ser uno de los tantos que trascenderán la fallida administración verde… así las
cosas.
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