Segob: ¿atendiendo la seguridad en México?

Por María Elena Morera

(Presidenta de Causa en Común)
EL UNIVERSAL

El año 2000 no solo inauguró un nuevo milenio, sino que además, en México, marcó una nueva etapa en la historia de la democracia y un partido de oposición llegó al poder, de suerte tal que, durante dos periodos, el Partido Acción Nacional gobernó el país. En esos años, la seguridad se fue posicionando como un problema nacional cada vez más grave hasta derivar en la crisis que hoy vivimos. En dicho contexto, Vicente Fox mantuvo el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), pero realizó un cambio relevante al crear la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP). De esta manera, con el objetivo primordial de contar con una policía a nivel nacional confiable y profesional, alejada de consideraciones políticas, se le retiraron a la Secretaría de Gobernación (Segob) las facultades sobre la seguridad pública y sobre la recién creada Policía Federal Preventiva (PFP).

Durante el mandato de Felipe Calderón, se mantuvo el objetivo de tener una institución encargada de la seguridad ajena a Segob, e incluso se impulsó un “nuevo modelo de operación policial” dentro del cual se desarrolló un sistema de interconexión y acopio de información a nivel nacional (Plataforma México), y se incrementó considerablemente el número de policías adscritos a la SSP, pasando de 12 mil a 36 mil.

Sin embargo, en 2013, el presidente Peña Nieto tomó la decisión de desaparecer la SSP y, tanto las funciones de seguridad federal como su presupuesto, poco más de 40 mil millones de pesos, fueron absorbidos por la Segob. Fue mucho más lo que se perdió que lo que se ganó. No sólo se interrumpió el proceso de crecimiento de la Policía Federal, no sólo se dejaron de desarrollar los diversos procesos internos de desarrollo, sino que además se permitió que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se debilitara en su función de seguimiento técnico al desarrollo de las policías locales.

No podemos ni debemos empezar siempre de cero. Actualmente, existe ya un modelo descrito en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que abarca, mediante protocolos detallados, los temas de reclutamiento, control de confianza, profesionalización, equipamiento, sistemas informáticos y el desarrollo de unidades de reacción, investigación e inteligencia que deben ser implementados y certificados. Dichas directivas han sido aprobadas, desde hace varios años, por los gobernadores y los secretarios de seguridad pública de todos los estados. Por tanto, deben cumplirse mediante presupuestos suficientes, y con un seguimiento de avances estricto y transparente (es decir, público y verificable), tanto a nivel local como federal.

Seamos claros, el actual diseño no ha funcionado. Por razones de gigantismo, de incompetencia, de “precauciones políticas” o por una combinación de las tres, el caso es que la Segob no ha cumplido ni con la modernización y crecimiento de la PF, ni tampoco con la responsabilidad de coordinar el desarrollo de nuestras policías. Es necesario y urgente reconocer esta realidad y promover un diseño institucional que permita atender la emergencia que enfrentan las instituciones de seguridad pública del país.

No nos falta conocimiento, tampoco diagnósticos; lo que falta, lo que urge, es menos cálculo electoral y más voluntad política con visión de Estado.

Twitter: @MaElenaMorera