Ciudad
de México.- La minería –a pesar de ser una de las actividades extractivas más
depredadores en las comunidades–, invade la República Mexicana, bajo el cobijo
del Gobierno, denunciaron organizaciones de la sociedad civil durante la
presentación del Manual para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales (DESCA) de Pueblos y Comunidades frente a los
Megaproyectos Mineros en México.
María
Colín, abogada de Greenpeace México, destacó que además de los graves
daños ambientales que provoca la minería por la destrucción masiva de los
recursos naturales, la contaminación del aire, el agua y el suelo a gran
escala, entre otros; los derechos humanos de las comunidades y de los
defensores se ven violentados, pues los pobladores son despojados de sus
territorios, sufren violencia, represión, criminalización y deterioro en la
salud.
“Es
importante aclarar que no estamos en contra del desarrollo, pero éste no debe
ser a costa de violaciones a los derechos humanos de las personas”, expuso la
representante de la ONG internacional.
DERECHOS
PISOTEADOS
Los
activistas denunciaron que los principales DESCA que se violan a consecuencia
de los megaproyectos mineros son los laborales y ambientales; los relacionados
con la salud, vivienda, agua y saneamiento; tierra, territorio y recursos
naturales; consulta y consentimiento libre, previo e informado; la propiedad;
libertad de expresión e información; participación y acceso a la justicia.
Y
añadieron que en el caso de los pueblos indígenas, además, se violan el respeto
a su cultura, su identidad y en general a su autodeterminación y desarrollo. Miguel
Ángel Mijangos Leal, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema),
destacó que el consumo de agua es “alucinante y terriblemente agresivo”, para
ilustrarlo, mencionó el caso de Carrizalillo, una de las minas de oro más
grandes de América Latina, ubicada en Guerrero, perteneciente a la canadiense
Goldcorp, donde cada día se gastan alrededor de 250 millones de litros de agua.
En
2014, las mineras extrajeron cerca de 437 millones de metros cúbicos de
agua, cantidad que de acuerdo con Marisa Jacott, directora de Fronteras
Comunes, “era suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda la
población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit durante el mismo
periodo”.
UN
PAÍS INVADIDO POR LA MINERÍA
En
nuestro país –en palabras de Miguel Concha Malo, director del Centro de
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC– “invadido por megaproyectos
de muerte”, hasta 2013 existían en total 26 mil 823 concesiones mineras que
ocupan más de 31 millones de hectáreas en el territorio nacional. El
activista aseguró que únicamente dos de los 32 estados que conforman la
República Mexicana están libres de concesiones mineras: la Ciudad de México y
Quintana Roo.
En
contraste, Sonora es el estado donde más actividad minera existe, con 4 mil 590
concesiones; seguido por Durango, con 3 mil 642; en el tercer peldaño se
encuentra Chihuahua, con 3 mil 496 y en el cuarto lugar está Zacatecas con 2
mil 570.
Aunado
a ello, información de la Secretaría de Economía (SE) señala que al
finalizar el año 2012 se registraron “un total de 285 empresas con
capital extranjero, operando 853 proyectos en México. Del total de
empresas extranjeras, 204 (71.6 por ciento) tienen sus oficinas centrales
en Canadá, 46 (16.1 por ciento) en Estados Unidos, 8 en China (2.8 por
ciento) y 5 (1.7 por ciento) en Australia. Además, se tenían 4 del Reino
Unido, 4 de Japón, 4 de Corea, 2 de India y con una empresa de
Bélgica, España, Brasil, Perú, Luxemburgo, Chile e Italia”.
Asimismo,
agregó que no debe ser implantado “un modelo basado en el extractivismo,
que pretende imponerse a cualquier costo sobre otras formas y modelos de vida
que se piensan arcaicos y que, por tanto, se condenan a la desaparición. Ese
modelo lleva sólo al choque de visiones y detona conflictos y un clima de mayor
violencia”.
Dicha
actividad, de acuerdo con Colín, arrasó durante los últimos meses de 2014 con
el 12 por ciento del territorio nacional, con el 68 por ciento de capital
canadiense. “A
fines de 2014 se registraron un total de 25 mil 267 concesiones mineras, que,
según datos del Servicio Geológico Mexicano amparaban una superficie
concesionada de casi 26 millones de hectáreas, esto representa alrededor de 12.7
por ciento del territorio nacional”, puntualizó.
Dicha ocupación
territorial es similar a la de zonas sujetas a regímenes especiales
de protección, conservación, restauración y desarrollo: actualmente, la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) administra 176 áreas
naturales federales que se reparten en más de 25 millones 394 mil 779
hectáreas, divididas en nueve regiones del país.
Los
activistas coincidieron en que las empresas mineras nacionales
y extranjeras en su mayoría operan con el amparo de las autoridades
en los diferentes órdenes de Gobierno y despojan a los pueblos de su riqueza,
arrasan territorios y atentan contra sus formas de organización colectiva.
“Estamos
hablando de una actividad industrial cuya riqueza está basada en el despojo y
en la violación a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(DESCA) de los pobladores”, comentaron durante la presentación del documento
que recaba el trabajo de tres años aproximadamente.
En
el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que se conmemora
este 22 julio, las organizaciones Colectivas, Colectivo de Abogados y
Defensores del Interés Público, Fronteras Comunes y Greenpeace México,
señalaron que a lo largo y ancho del país existen 300 conflictos mineros que
vulneran derechos de las comunidades.
De
acuerdo con el manual, nuestro país es el primer destino de inversión en
exploración minera en América Latina, el cuarto en el mundo según las cifras
del reporte publicado por Metals Economics Group y es el quinto país con el
mejor ambiente para hacer negocios mineros, tal como lo señaló la Consultora
Behre Dolbear publicado en abril de 2013.
LA
LEY, AL SERVICIO DE LAS MINERAS
En
el documento, los expertos detallan que el artículo sexto de la Ley Minera
favorece dicha actividad, a la que considera “preponderante” frente a
cualquier otra, ya sea agricultura, ganadería, silvicultura, entre
otras.
Por
ello –acusan–, “siempre tendrá [la minería] preferencia sobre cualquier otra
actividad que implique el aprovechamiento de los terrenos o del subsuelo,
inclusive frente al derecho que las comunidades indígenas y equiparables tienen
para decidir sobre el modelo de desarrollo que quieren para sí y para su
territorio”.
“Se
ha publicitado y conocido muchas veces en el país la enorme cantidad de
concesiones para la explotación minera otorgadas por muchos años, lo que
contrasta con otros países de América Latina. También sabemos que todo está
relacionado con este modelo de “desarrollo” neoliberal y extractivo”, planteó Concha
Malo.
Por
todo lo anterior, el manual busca convertirse en una herramienta para
hacer frente a los abusos de los proyectos mineros en todo el país.
Asimismo, pretende socializar instrumentos jurídicos de defensa de los
pueblos y los recursos naturales que implica la minería, donde subrayan
la importancia de defender los territorios de las comunidades
afectadas.
“No
se trata solamente de un manual […] ni una demostración simple de cómo las
personas y colectivos defienden sus tierras frente a la invasión de proyectos
de inversión, es un instrumento que muestra con todo detalle cómo las personas
y los colectivos pueden efectivamente defender los bienes naturales y
territorios de esas invasiones […] Además de un manual, es un instrumento de
aprendizaje para poder consolidar esas luchas”, concluyó Concha.
Vía
SinEmbargo
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