Ciudad de México. En
los tres años pasados, el gobierno ha recortado anualmente al Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) entre 18 a 20 mil
millones de pesos, el cual incluye proyectos que son muy
sensibles para los pequeños y medianos productores, como el fondo para el
apoyo a proyectos productivos en núcleos agrarios (Fappa) y para la mujer en el
sector.
El
recorte anunciado recientemente profundizará la pobreza de casi medio millón de
campesinos, señalaron José Dolores López Barrios, dirigente de la Central
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, y Emilio López Gámez,
investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.
Distribución
diferenciada
Explicaron
que los montos aprobados por el Congreso de la Unión para el PEC son ajustados
a lo largo del año o no se ejercen en su totalidad. Por ejemplo, en 2015, para
el programa del café se designaron 730.6 millones de pesos, pero sólo se
aplicaron 582.6 millones; en el Fappa, de los 760 millones quedaron 680
millones.
La
reducción en un periodo de tres años, en el caso del rubro hidroagrícola y de
caminos rurales ha sido de 27 por ciento en ambos casos; a su vez, los
programas para los pueblos indígenas pasaron de 20 a 13.Hemos señalado que este
gobierno otorga mayor presupuesto a los agroindustriales que a los pequeños productores,
aunque su discurso sea de apoyo a la actividad familiar. El recorte actual
afecta a más de 400 mil unidades, la mayoría ubicadas en la región sur sureste
del país, donde los campesinos reciben 15 veces menos recursos que los del
norte, apuntó
López Barrios.
El
programa de concurrencia para las entidades federativas –sustancial para que se
apliquen diversos proyectos productivos– también ha sido sometido a severos
ajustes. En los dos años pasados se le restaron mil 40 millones de pesos, y el
presupuesto de 3 mil 271 millones para este año es el más bajo de esta
administración, ya que en 2013 se le designaron 3 mil 755 millones, agregaron.
La
caída de la inversión pública en el medio rural ha traído como consecuencia una
ralentización en el crecimiento del PIB sectorial y en consecuencia la
agudización de fenómenos sociales como la violencia, la marginación, la
pobreza, el hambre y la migración. El déficit de infraestructura en el sur
sureste del país vuelve poco rentable la inversión privada en regiones
atrasadas, agregó López Gámez.
Los
recortes de los presupuestos para los programas sociales para el campo han sido
un fracaso; continuar con ellos es poner en riesgo la producción de alimentos y
condenar a la pobreza a miles de mexicanos. Es momento de planear otras
acciones y de perseguir la corrupción, la impunidad y detener el robo contra el
pueblo, asentaron López Barrios y López Gámez.
Vía
La Jornada
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