Cancún,
Q. Roo.- Con 60 años y dos hijos, Reyna Gómez Solórzano está presa en una
cárcel de Chetumal, capital de Quintana Roo, desde hace ocho meses por haber
herido a su pareja sentimental, quien falleció debido a la lesión.
La
semana pasada un juez la condenó a purgar 25 años de cárcel por el homicidio
del hombre, quien era su pareja y su principal agresor, pues la sometió durante
años a distintos tipos de violencia.
El
cinco de julio el sujeto comenzó a agredirla de nuevo. A golpearla otra vez.
Reyna tomó un cuchillo para defenderse y lo encajó en el cuerpo de su agresor.
Llamó a una ambulancia para que recibiera atención médica, pero los paramédicos
tardaron media hora en llegar. El sujeto falleció y ella fue encarcelada.
Activistas
denunciaron hoy en Cancún, que elementos de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, presuntamente
torturaron a Reyna para que se declararse culpable.
El
tema mereció la intervención de la Comisión de Derechos Humanos y una
recomendación girada por el organismo, a la Procuraduría de Justicia de
Quintana Roo, “por trato cruel y degradante, detención arbitraria e
incomunicación”.
Existen
testimonios de vecinos e incluso de sus empleadores, ofrecidos por su defensa,
que dan cuenta del ciclo de violencia sistemática al que esta mujer era
sometida por su compañero, quien era adicto al alcohol y a las drogas.
Ni
el ministerio público, ni el juez, contemplaron como atenuante que Reyna actuó
en defensa propia, ni los antecedentes de violencia a los que fue sometida por
su agresor. La semana pasada fue sentenciada a purgar 25 años de cárcel.
La
abogada que lleva su caso interpuso hoy un recurso de apelación, en Chetumal,
en un intento por reducir la condena. Se evalúa promover un amparo.
Paralelamente
un grupo de mujeres acudió este miércoles a los juzgados ubicados en Cancún,
para dar a conocer el caso de Reyna, con la intención de visibilizarlo y exigir
que éste sea revisado, pues aseguran que se violó el debido proceso.
“Esta
mujer se defendió de su agresor, con un cuchillo y sucede la tragedia que
sucedió. Ella llama a la policía y a una ambulancia, que se tardó media hora en
llegar; está presa desde hace ocho meses”, expresó Virginia Betanzos, de la Red
Peninsular de Mujeres.
La
activista indica que, como parte de la recomendación emitida por la Comisión de
Derechos Humanos, el organismo solicitó al Instituto Nacional de la Mujer
(Inmujer), que intervenga para defender legalmente a Reyna.
“Viene
Lorena Cruz (director de Inmujeres), a Chetumal, le entregan los documentos, se
los lleva y no hace nada. La semana pasada, después de ocho meses, le dictaron
sentencia a Reyna y se vuelve a pedir el apoyo a Inmujeres para los gastos de
transportación de la gente del Observatorio de Campeche que están viendo la
defensa de Reyna y tampoco hay respuesta.
“Las
compañeras, como pudieron, están ahorita en Chetumal, haciendo el documento de
apelación porque hoy vence el plazo. Y nosotras estamos tratando de visibilizar
el caso, porque no es justo”, dijo.
Betanzos
subrayó que en un país y en un estado, en los que la vida e integridad de las
mujeres no es prioridad, el caso de Reyna, es uno más.
“Reyna
es una más de las cientos de mujeres que están en el país sufriendo la misma
situación”, manifestó, al tiempo en que cuestionó si la mujer de 60 años
debería ser la que hubiera sido asesinada, para considerarla una víctima.
“Es
víctima de violencia y es víctima del sistema, porque no le dan la asistencia
legal adecuada, ni en su caso se aplica el Protocolo de Investigación con
Perspectiva de Género, que mandata la Suprema Corte de Justicia”, señaló
Betanzos, quien agregó que por su edad, Reyna podría haber purgado una condena
domiciliaria.
Además
de estar recluida en la cárcel, Reyna debe reunir semanalmente 800 pesos para
evitar ser golpeada por otras internas, añadió la entrevistada.
“Es
un caso terrible e inconcebible que, cuando una mujer se defiende para evitar
que la maten, le caiga todo el peso de la ley. Es absurdo, incongruente e
inhumano”, sostuvo.
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