En
la Mira
Héctor
Estrada
La
resolución emitida el pasado viernes por el Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas (TEECH) dejó nueva constancia de que, en su mayoría, las instancias
electorales estatales en México siguen funcionado como inútiles, costosos e ineficientes órganos
cuya función se ha reducido a legitimar en el poder a la corrupción
electoral de los gobiernos locales.
Los
ejemplos de lo anterior sobran en antecedentes recientes. Casos de impugnación
y juicios de nulidad contra “comicios anómalos”, protagonizados por candidatos
oficiales y gobiernos orquestadores de fraudes electorales, terminan inevitablemente
en las instancias federales por la inefectividad cómplice de los tribunales
locales.
Lo
sucedido en Chiapas el pasado viernes no requiere de nuevas explicaciones a
detalle. Se trata de un proceso ilegal por el ángulo en que decida observarse,
con pruebas documentadas expuestas y vistas en diversos medios públicos, además de argumentos casi reiterativos que no
dejan duda sobre la arbitrariedad cometida.
Aquí
hubieron hasta funcionarios púbicos detenidos, videograbados y denunciados en
pleno proceso de compra de votos, para días después ser removidos de sus
puestos mediante determinaciones gubernamentales que sólo ratificaron las
sospechas. Sin olvidar las actas de casilla cínicamente alteradas o amañadas
expuestas en redes sociales.
Lo
resuelto por el tribunal electoral en Chiapas tampoco fue una sorpresa, sin
embrago no deja de ser un hecho ofensivo e indignante para gran parte de la
ciudadanía que fue testigo directo de los delitos electorales que dieron
sustento al proceso de impugnación local.
Las
pruebas sobre los delitos electorales que desfilaron cínicamente durante los
comicios del 19 de julio fueron insuficientes para que el Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas anulara la elección en Tuxtla Gutiérrez. Para los
magistrados, el reparto de despensas, el uso de programas sociales y las demás
pruebas no resultaron contundentes.
Con
todo esto resulta evidente que los ciudadanos vimos y vivimos una jornada
distinta, plagada de ilegalidad descarada, que los magistrados no vieron, no
quisieron ver o simplemente les resultó "electoralmente aceptable".
Los
magistrados del TEECH han dejado en claro para quien trabajan, y es notorio que
no lo es en favor de la democracia y la ciudadanía. Han cumplido con su misión
legitimadora de la ilegalidad para desquitar su jugoso salario emanado el
erario público. Han cumplido con quien los puso y los mantiene en ese puesto.
Con
la resolución en el Caso Tuxtla, Manuel Velasco ha consumado su responsabilidad
en uno de los "fraudes electorales" más escandalosos en la historia
reciente de Chiapas. Está clara la
postura intransigente y caprichosa del actual gobierno para consumar “cueste lo
que cueste” sus decisiones sobre la voluntad de los demás. Será
en la semana que inicia cuando se formalice el proceso de impugnación ante la
Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
que tendrá todo el mes de septiembre para resolver el tema y definir de una vez
por todas el bochornoso escenario electoral que actualmente se vive en la
capital chiapaneca.
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